Las otras elecciones en Estados Unidos para regular la tecnología

Los norteamericanos no sólo salieron a votar para elegir a su próximo presidente, sino también para definir su relación con la tecnología a nivel local.
Fuente: Wikimedia

Los estadounidenses llevan varias semanas en temporada de elecciones, todo para definir quién dirigirá los destinos de su país entre el actual presidente Donald Trump, y el ex vicepresidente Joe Biden. Sin embargo, algunos estados han aprovechado este viaje a las urnas para realizar consultas a sus ciudadanos en relación a diversos temas.

Algunos de ellos con grandes implicancias en el despliegue, desarrollo y uso de herramientas tecnológicas, lo que impacta los planes de empresas tecnológicas e incluso de instituciones públicas en esta materia.

Portland, Maine prohíbe el uso de reconocimiento facial

En tiempos de Covid da la impresión de que existen cada vez más máquinas que reconocen a los usuarios, escaneándolos con la excusa de la salud pública. Sin embargo, la ciudad de Portland ha aprobado un proyecto que prohíbe el uso de tecnología de reconocimiento facial, tanto por la policía como por otras instituciones.

¿Por qué se ha prohibido? Básicamente porque existen estudios que demuestran que el reconocimiento facial puede llevar a perfilamiento basado en la raza de las personas, además de una sucesiva disparidad en la aplicación de justicia, lo que profundiza las diferencias raciales. Activistas que impulsaron esta iniciativa asegura que esta tecnología pone bajo sospecha principalmente a mujeres de color en comparación con la proporción de mujeres blancas que son sujeto del uso de esta tecnología.

El baneo del uso de esta tecnología por parte de la policía viene como parte de un paquete de medidas propiciadas por grupos asociados al movimiento Black Lives Matter, y fue impulsado con mayor fuerza al alero de las protestas tras la muerte de George Floyd, muerto en Minneapolis después que un policía blanco lo asfixiara poniendo su rodilla en la garganta con la excusa de inmovilizarlo en un procedimiento policial.

Los partidarios de este bloqueo además urgen por cambios a leyes de protección de datos privados, algo que también se vería comprometido con el uso de esta tecnología.

Los ciudadanos que sean sometidos a cualquier tipo de reconocimiento facial están autorizados automáticamente para demandar a la ciudad y percibir hasta 1000 dólares de indemnización, además de los gastos legales que se desprendan del proceso.

Esto ya había sido aprobado anteriormente con una ordenanza local en agosto, pero a través de esta iniciativa se hace todavía más sólida, además de instaurar un bloqueo a cualquier modificación a la misma por un periodo de cinco años.

Hay otras ciudades que también han prohibido el uso de esta tecnología, como San Francisco, Boston, y – curiosamente – Portland, ciudad homónima ubicada en Oregon. En junio fue introducido un proyecto de ley que prohibe el uso de reconocimiento facial a nivel federal. lo que impediría a todos los usos por cualquier institución de seguridad a ese nivel.

Tanto empresas privadas como otras instituciones no son afectadas por esta prohibición.

California vota a favor de las tecnológicas de transporte y delivery

En otro interesante resultado, los ciudadanos del estado de California votaron para permitir que empresas como Uber, Lyft o Doordash no tengan la obligación de considerar a sus “socios” conductores y repartidores como empleados de la compañía.

Al alero de una campaña multimillonaria, las empresas tecnológicas lograron el favor de la ciudadanía por 58% contra 41%.

La elección vino de la mano de amenazas por parte de los CEOs de estas empresas sobre enormes recortes en los servicios, además de un aumento en sus precios y comisiones, e incluso aseguraron que podrían abandonar el estado en caso de tener que reconocer a todos sus conductores como empleados directos, lo que implicaba igualar el acceso a beneficios de salud, sociales y de todo tipo para quienes desempeñaran ese rol, igualándolos a los de cualquier trabajador del país.

De este modo los trabajadores de estas plataformas tendrán que seguir cargando con los costos de su trabajo, haciéndose cargo de las pérdidas por no trabajar al estar enfermo, seguros de salud y toda clase de compensaciones. La aprobación de esta ley permitirá a los “socios” acceder a un salario horario mínimo y otros apoyos menores.

Massachusetts instaura el “derecho a reparar” autos y exige libeeración de datos

Suena como algo muy básico, pero las implicancias son llamativas. El estado de Massachusetts aprobó por una amplia mayoría una ley que exige a las empresas automotrices entregar los datos de sus vehículos a los dueños de ellos para que puedan diagnosticarlos y repararlos en casa, en talleres de terceros o donde definan hacerlo.

A través de esto se refuerza una ley de 2012 que instauró este “derecho a reparar“, pero no consideraba datos enviados inalámbricamemente desde y hacia los autos. Esta nueva ley dará tiempo hasta 2022 para que los fabricantes adopten un esquema abierto de datos para que terceros puedan acceder a datos telemáticos de cada vehículo, alámbrica e inalámbricamente.

Considerando la cantidad de sensores y computadores que los autos tienen hoy por hoy, los datos telemáticos de los vehículos se vuelven clave para bloquear servicios técnicos no dependientes del fabricante, controlando así estos trabajos y – por supuesto – los precios y la frecuencia de los mismos.

Si bien esta ley es efectiva en el estado de Massachusetts, plantea la real opción de convertirse en un estándar para todo el país, esto debido a que no tiene sentido que los fabricantes hagan un modelo diferenciado sólo para un puñado de ciudades.

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