Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), junto a numerosos periodistas de 42 importantes medios a nivel mundial, revelaron una enorme operación empleada por Uber para permear mercados, influenciar líderes locales y globales y – a la larga – crear por la fuerza condiciones para que su negocio de transporte pudiese operar de forma legal.
Esta investigación, basada en una masiva filtración de documentos, además establece que el CEO y co-fundador de la compañía – Travis Kalanick – encontró en las protestas violentas contra sus “socios conductores” una forma válida de conseguir el apoyo de las autoridades locales y de la opinión pública.
“Creo que vale la pena. La violencia es garantía de éxito”, respondió Kalanick vía SMS al ser advertido de protestas violentas en Marsella, ciudad francesa donde los taxistas tomaron acciones de fuerza contra la instalación de la compañía sin ningún tipo de regulación legal que la validara.
Los documentos filtrados consideran archivos y presentaciones de uso interno, correos electrónicos, mensajes de texto y otros soportes que llegaron a manos del medio británico The Guardian.
En ellos se puede ver cómo los encargados de llevar adelante el lobby a favor de la empresa no sólo reconocen la ilegalidad del modelo que buscaban implantar, sino que además plasman sus agresivas estrategias para forzar la implementación de la empresa a nivel mundial.
“Básicamente Uber arranca y después se desata una tormenta de mierda regulatoria y legal“.
Mark MacGann, lobista de Uber
Dentro de las conexiones que los ejecutivos de Uber tuvieron al alcance para presionar por cambios en la regulación estuvo Emmanuel Macron – en ese entonces ministro de Economía de Francia – o el otrora vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, además de llegar a codearse con líderes mundiales en foros económicos para facilitar su legalización.
Para llegar a ellos, el nexo fue el lobista Mark MacGann, un hábil negociador que fue nombrado jefe del área en Europa, y que describió la forma en que Uber se instaló en nuevos mercados como “una tormenta de mierda” según los documentos filtrados.
El modelo que finalmente fue instaurándose tras cada tormenta de mierda fue institucionalizado como la “Pirámide de Mierda”, una serie de indicadores que mostraban los problemas normales que la empresa encontraría en cada territorio donde comenzaban a operar, y cómo debían saltarlos.
Un modelo ilegal que se tornó legal con lobby y buenos contactos
“Solo somos jodidamente ilegales”, escribió Nairi Hourdajian – mandamás de Uber para comunicaciones globales en la época – cuando respondía a un colega mientras lidiaban con los esfuerzos de los gobiernos de India y Tailandia para cerrar el servicio y forzarlos a trabajar bajo la regulación local.
El propio Emmanuel Macron intercedió desde su posición de poder para llevar el mensaje de Uber al gabinete del presidente François Hollande en octubre de 2015. Su gestión directa hizo que se cambiara la regulación rápidamente y así Uber pudo ser legal en Francia.
El CEO de la compañía, Travis Kalanick, recibió consejos directos del primer ministro de Holanda, Mark Rutte en 2016. En su conversación le recomendó que cambiara la forma en que la gente ve la empresa, porque “ahora mismo ustedes son vistos como agresivos”.
Esto en medio de un alzamiento que en todo el mundo se resistía a que Uber operase en los países donde se instalaba al margen de la regulación. Tanto en Europa como en Asia y en América Latina, los taxistas protestaban de forma cada vez más violenta contra la autoridad y contra la empresa, acosando y atacando a conductores y pasajeros de Uber por igual para disuadirlos de seguir con su actividad.
En total, Uber instaló una red de influencia que consideraba más de 1850 partes interesadas en 29 países, además de la Unión Europea. Entre estas alianzas se encuentran presidentes, autoridades locales en ejercicio y retiradas, grupos de consumidores, think tanks y otros que ayudarían a crear el escenario político y social para forzar cambios de regulación favorables.
Los documentos filtrados muestran que Uber en su fachada se mostraba como una renovación y un cambio de modelo, pero para instalarse operó con las mismas tácticas agresivas que numerosas grandes empresas han usado históricamente: millones de dólares a nivel mundial fueron utilizados para lobby directo con políticos, reguladores y personas en posición de decisión o influencia que se mostraban favorables a ayudar.
Para esto contrataron a numerosos ex-funcionarios públicos en todo el mundo. Principalmente asesores de presidentes y ministros que ya no estaban en ejercicio, además de funcionarios que a la fecha trabajaban en los gobiernos para forzar cambios a la regulación de transporte y laboral para así favorecer su modelo de negocio.
Además pagaron a personas recién salidas de cargos públicos de poder, las que estaban sujetas a imposibilidad de trabajar como lobistas. Desde la empresa reforzaron dentro de su organización la confidencialidad de su trabajo conjunto, recordando que el nombre de estas personas no debía figurar en ningún documento.
La investigación también muestra cómo Uber destinó una importante suma de efectivo anual en pagar por estudios que validaran su modelo en distintos lugares del mundo. Para esto pagaban a personas validadas en el ambiente académico para liberar estudios favorables a su instalación. También destinaron grandes sumas a instrumentalizar a los usuarios para ser parte de campañas de presión, directa o indirectamente.
Pero antes de llegar a este punto, los mandamases de Uber vieron en la violencia recibida por sus “socios conductores” una oportunidad para validar su punto e instalar la necesidad de estos cambios legales para permitirles operar. Por medio de la diferencia que su servicio ofrecía, y al alero de esta violencia, el CEO de Uber en la época aseguraba que lograrían la empatía de la opinión pública, la que exigiría que Uber pudiese trabajar en sus territorios.
El “botón de pánico” de Uber
Según este reporte, el CEO de Uber en la fecha, Travis Kalanick, encargó personalmente el desarrollo de tecnologías específicas para burlar y trabar las investigaciones gubernamentales.
Este “botón de pánico” era una manera para cortar acceso a los servidores de la compañía y prevenir que las autoridades pudiesen acceder a datos potencialmente sensibles en caso de ejecutar alguna orden judicial. De este modo, también evitarían que se le confiscaran los equipos pues no habría nada que sacar de dichos dispositivos.
El procedimiento de botón de pánico fue usado en, al menos, 6 países. Esto incluye una vez en que el propio Kalanick pidió activar el mecanismo para desconectar e inhabilitar las operaciones de Amsterdam, en el momento en que la policía estaba accediendo a las oficinas locales.
En noviembre de 2014 también fue necesario para frenar una investigación de parte de autoridades francesas. El sistema fue activado por medio de un correo electrónico, y en marzo de 2015 volvió a ser utilizado. Esta vez los ejecutivos de Uber estuvieron chequeando que el protocolo interno sobre esta materia se cumpliese, además de asegurarse de restringir el acceso a datos de la empresa a la policía, todo en tiempo real.
Tras un tercer allanamiento en las oficinas de París, el gerente de Uber en Francia – Thibaud Simphal – recibió la orden del lobista MacGann para “seguir el guión” que la empresa tenía previsto para esos casos: Intentar acceder en algunas laptops, fingir confusión por no poder acceder, decirle a las autoridades que el equipo de IT está en San Francisco durmiendo, y que todo está controlado por la sede de la empresa en Holanda, por lo que deberían referirse a ellos para pedir cualquier dato.
La respuesta de Simphal es brutalmente honesta. “Oh sí, hemos seguido ese guión tantas veces que lo más difícil es seguir fingiendo estar sorprendidos”.
Consultado por los investigadores del ICIJ, Uber señaló por medio de una vocería que la empresa “no tiene un botón de pánico para engañar las investigaciones de reguladores en ninguna parte del mundo, y no lo ha tenido desde que Dara Khosrowashahi se volvió directora general en 2017”.
Sin embargo, reconocen que cada uno de sus laptops tienen software que bloquea el acceso a información, como parte de un protocolo en caso de extravío o robo, pero no para burlar acciones regulatorias.
Uber usó datos personales tomados de la app para bloquear la fiscalización
Además del botón de pánico, Uber cruzó datos de sus bases para identificar y entorpecer el uso de la app por parte de ciertos funcionarios públicos, fiscalizadores, clientes incógnitos y policías, los que simplemente no podían usar la app para recoger evidencias que llevaran a un proceso en contra de la empresa.
Estos usuarios ingresaban a un sistema aparte que declinaba sus solicitudes o simplemente ofrecían servicios que nunca llegaban a recogerlos. La investigación periodística determinó que esto fue usado – por lo menos – en Holanda, Rusia, España, Dinamarca, Bulgaria y Bélgica.
Esto iba acompañado por un sistema de georeferencia que denegaba el servicio en un perímetro alrededor de edificios de la policía. Nadie alrededor de estos lugares podía acceder al servicio, a menos que un empleado de Uber lo permitiera directamente.
Todas estas técnicas anti-policía fueron compiladas en un manual que en 2014 que se hizo institucional y aplicable a otras operaciones de Uber a nivel mundial que se vieran bajo el escrutinio de la autoridad, dice la investigación.
La investigación completa está disponible tanto en Ciper Chile – medio asociado al ICIJ – como en el propio sitio del consorcio, donde además entregan más información sobre la presencia de los ejecutivos de la empresa en grandes cumbres internacionales en que pudieron trabajar directamente con autoridades de alto nivel del Foro Económico de Davos.
